Oficina del Cardenal        

Con mucha esperanza hemos conocido la iniciativa del Gobierno Canadiense y diversos sectores sociales de ese país, en la organización y ejecución de jornadas de reflexión  sobre la responsabilidad social de las empresas mineras canadienses que operan en el extranjero. Confiamos que dicha iniciativa logre concretizarse en medidas y políticas  que conduzcan a una mayor regulación de las mismas de forma tal que se garantice el disfrute de los derechos de los pueblos, de manera especial el derecho a un ambiente saludable,  la sustentabilidad ambiental en sus operaciones y una contribución significativa al desarrollo de los pueblos.

En este contexto, es imprescindible considerar que el acelerado deterioro ambiental y el agotamiento de los recursos naturales no renovables, está obligando a las naciones a debatir sobre la tensión existente entre medio ambiente y desarrollo comercial. Detrás de los esfuerzos de la OMC y otras iniciativas subyacen varias interrogantes: ¿Pueden los Recursos Naturales considerarse una mercancía?  ¿Los Recursos Naturales deben ser aprovechados comercialmente de la misma manera que cualquier otro bien? ¿Todos los Recursos Naturales tienen la misma jerarquía en función de sus usos y de su contribución a la satisfacción de las necesidades humanas básicas? ¿Es ética la extracción y aprovechamiento de los recursos minerales a costa del sacrificio de otros recursos como el agua dulce y los bosques? ¿En fin, deben las normas y políticas comerciales ser el centro y motor  de la convivencia humana? El dilema planteado, no es económico, ni medioambiental, es eminentemente ético,  puesto que plantea la necesidad de revisar no solo las prácticas y normas del comercio de recursos naturales, sino también el grado de compromiso y responsabilidad con que se aprovechan los mismos desde una visión de solidaridad social y mundial.

 Igualmente es necesario valorar si los bienes adquiridos en el aprovechamiento de los recursos naturales, de manera especial aquellos que son de carácter finito, no renovable, justifican los costos económicos ambientales y sociales que generalmente son asumidos por las comunidades y naciones productoras de esos bienes, que paradójicamente, casi siempre se encuentran en condiciones de mayor pobreza y vulnerabilidad  que aquellas comunidades y naciones a quienes va destinado el disfrute de los mismos.

En los últimos años, este dilema ha sido más evidente cuando se trata de la explotación de  recursos minerales preciosos como el oro y la plata, a través de técnicas modernas que abaratan los costos de extracción, al tiempo que generan grandes impactos y riesgos ambientales que no siempre son   posibles  de  mitigar  o   neutralizar durante el periodo de aprovechamiento por parte de las empresas dedicadas a estos rubros.

Los  enfrentamientos cada vez más frecuentes en diversas partes del mundo, entre las empresas mineras y las comunidades vecinas a las áreas de explotación, así como el creciente esfuerzo de la sociedad civil propugnando por regulaciones más estrictas, controles más rigurosos, comportamientos más responsables y transparentes; son signos de que no podemos continuar con una lógica exclusiva del mercado empresarial donde priva el lema de: “A menor inversión, mayor ganancia”.

Es necesario avanzar hacia una visión de la Responsabilidad Social Empresarial, que no se reduzca al voluntarismo empresarial, sino que sea complementada por la responsabilidad social  regulada por el estado y  los organismos internacionales.

Lo anterior implica una revisión de las reglas que actualmente privan en el comercio internacional, así como una revisión de los roles de los estados y de los organismos internacionales.

Esta redefinición es urgente, ya que el agotamiento de los recursos naturales se ha acelerado sustancialmente en parte por la demanda creciente de los mercados de minerales preciosos.

La investigación y desarrollo de nuevas tecnologías en materia de aprovechamiento de los recursos minerales, que permitan una mayor compatibilidad con la conservación y equilibrio de los ecosistemas se hace cada vez más necesaria.

No menos importante es trabajar por la promoción y adopción de normas éticas en las relaciones comerciales y de cooperación entre países con diferentes niveles de desarrollo.

Los acuerdos comerciales deben ser complementados por acuerdos y códigos éticos, a fin de superar las actuales contradicciones que surgen cuando por una parte se celebran cumbres mundiales o regionales para la adopción de políticas de protección y conservación ambiental, que luego se traducen en programas de cooperación para este fin, al tiempo que se promueve el desarrollo de industrias que con sus modernas técnicas generan o incrementan los niveles de vulnerabilidad social y ambiental. Mismas que valiéndose de las débiles legislaciones de nuestros países asumen comportamientos anti-éticos e irresponsables que contribuyen al fomento de la corrupción, al deterioro ambiental, a la contaminación de nuestros recursos naturales y a la división social de las comunidades.

No podemos continuar con políticas ambivalentes donde lo que se construye con una mano, se destruye inmediatamente con la otra. Es tiempo de revisar las reglas del mercado y el comercio a fin de complementarlas con los valores de la solidaridad, la justicia, la subsidiaridad y  la corresponsabilidad en las acciones y en el futuro de la humanidad. Igualmente es necesario adoptar los mecanismos regulatorios tendientes a garantizar que este tipo de industrias sean responsables por sus acciones y comportamientos no solo en los países donde operan, sino también en sus países de origen y en las instancias internacionales correspondientes.

Hoy más que nunca cobra mayor vigencia el mensaje de los Obispos de América Latina manifestado en la Cuarta Reunión del Episcopado Celebrada en Santo Domingo, donde decíamos que: “No puede haber una economía de mercado creativa y al mismo tiempo socialmente justa, sin un sólido compromiso de toda la sociedad y sus actores con la solidaridad a través de un marco jurídico que asegure el valor de la persona, la honradez, el respeto a la vida y la justicia distributiva, y la preocupación efectiva por los más pobres.”  (Santo Domingo, Conclusiones 195).

Atentamente,

OSCAR ANDRES CARDENAL RODRIGUEZ MARADIAGA, S.D.B.

Arzobispo de la Arquidiócesis de Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica.